DISCURSO:
Ante todo, en nombre de los abogados agradezco a los organizadores la invitación formulada al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, para que, a través mío pueda expresar su pensamiento sobre un tema tan crucial, como lo es la Escuela Judicial. A la vez, los felicito por la iniciativa de debatir este tema, antes de resolverse cuestiones que, por su trascendencia, ameritan escuchar la opinión de todos los interesados en el sistema.
Toda organización - y El Poder Judicial de nuestra provincia lo es - se asienta sobre bases imprescindibles que le permitan funcionar: el presupuesto, la infraestructura y el factor humano que lo compone.
Mucho se ha escrito y debatido sobre las deficiencias presupuestarias que padece el poder judicial y también se hace mucho hincapié en la necesidad que cuente con una infraestructura adecuada, ya fuere desde el punto de vista edilicio, tecnológico o de cualquier otro tipo.
Sin lugar a dudas el presupuesto actual es insuficiente y la infraestructura edilicia y tecnológica es deficiente, por lo que, aprovechando el recinto y el auditorio calificado, insisto en la necesidad de atender esas demandas.
La fijación de políticas de estado, la dotación de una infraestructura adecuada y un presupuesto suficiente, resultan necesarios para asegurar una buena base para el funcionamiento de la justicia; pero no debemos olvidar que el elemento esencial en toda organización es el factor humano. El presupuesto necesario y una adecuada infraestructura no son suficientes, sino se cuenta con recursos humanos debidamente preparados. Ello ocurre en esta y en cualquier otra organización. Por el contrario, muchas veces la experiencia nos demuestra que, cuando los recursos humanos están debidamente preparados, trabajan en equipo, son conducidos y se encuentran concientizados de la trascendencia de la tarea asignada, aquéllas deficiencias presupuestarias o de infraestructura se superan o al menos se disimulan. Los abogados vemos a diario como juzgados con idénticas estructuras y presupuestos, con similar cantidad de asuntos, funcionan dentro de parámetros de eficiencia aceptables, en tanto que otros muestran un deficiente funcionamiento. También observamos como el mero cambio de un juez, implica una modificación diametral - positiva o negativa - en la marcha del organismo.
Por ello, sin perjuicio de bregar por la fijación de políticas de estado duraderas, por el aumento del presupuesto y por contar con una adecuada infraestructura edilicia y tecnológica - tal como lo estamos haciendo -, para el Colegio de Abogados de la Provincia ha sido siempre preocupación central todo lo que se encuentra relacionado con contar con los mejores recursos humanos. De allí nuestra preocupación constante por realizar una concienzuda selección de magistrados en el ámbito del Consejo de la Magistratura, por la instauración de un efectivo control de gestión, por la consagración de un código de ética para los magistrados y por un correcto funcionamiento de los jurados de enjuiciamiento.
Siendo que la instalación de la escuela judicial, se inscribe dentro del objetivo de obtener los mejores magistrados, recibimos con beneplácito su consagración legislativa como así también todos los preparativos para su implementación.
Es en este marco, donde deben comenzar a definirse los objetivos de la escuela judicial, sus autoridades, su obligatoriedad, el acceso a la misma, el contenido de la enseñanza, sus programas, su cuerpo de profesores, la carga horaria, los destinatarios de la misma, etc.
Dentro de los objetivos que deberá perseguir esta nueva institución, sin lugar a dudas se encuentra la de formar y capacitar nuevos tipos de magistrados, que no sólo se encuentren jurídicamente preparados para aplicar el derecho vigente - tarea, la de formación, que sustancialmente debe ser realizada por las facultades de derecho - sino también para afrontar todos los desafíos que implica la dirección de organismos complejos, con gran cantidad de trabajo, con personal que no se encuentra debidamente preparado, con herramientas tecnológicas modernas, y con la atención especial que merecen conflictos de personas que acuden a la justicia en búsqueda de soluciones. Un magistrado que además debe encontrarse preparado para aplicar nuevas técnicas, para liderar a su personal, para establecer grupos de trabajo, para conocer más profundamente la actividad del letrado y su lógica. Un magistrado práctico, efectivo, dinámico, que asuma la tarea que se le encomienda con la responsabilidad que le impone el alto cargo que ejerce y acorde a la distinción que merece de parte de la sociedad por las delicadas funciones que se le requieren. Un magistrado conciente de la responsabilidad institucional que le asigna la Constitución, como miembro de uno de los tres poderes del estado y debidamente preparado para ejercerla con absoluta independencia de los otros dos poderes. En definitiva, se debe avanzar en la búsqueda de una nueva mentalidad que elimine la burocracia, la intermediación innecesaria, la despersonalización, la dependencia.
Las autoridades de la escuela judicial deben ser representativas de todos los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura, tratando de guardar el equilibrio que la Constitución requiere para aquel cuerpo, evitando la preminencia de algún estamento sobre otro, trabajando sobre la base del consenso. Por sobre ocasionales intereses, está la calidad institucional del poder judicial y mucho del futuro de éste, reposará sobre las bases de una escuela judicial correctamente organizada y eficazmente dirigida.
A partir de su organización y su consolidación definitiva, creemos que debe tornarse obligatoria para poder acceder a la magistratura o para aspirar a cargos de mayor jerarquía y que el acceso a la misma, debe realizarse mediante exámenes de ingreso, a través de las cuales se evalúen los conocimientos jurídicos de los aspirantes a la misma, sus aptitudes para la función, su aptitud psicológica, etc. Evaluaciones que deben exceder largamente de ser una mera formalidad, pues justamente se auscultará el nivel de formación jurídica y la preparación psicológica para la función de los futuros magistrados.
La escuela judicial debe ser gratuita y podrán ingresar tanto los abogados que integran el poder judicial, como aquéllos que ejercen libremente la profesión, debiendo contemplarse eliminar la actual distorsión práctica que impide el acceso a la magistratura de éstos últimos. Resultará vital que la enseñanza se imparta en forma descentralizada en todo el ámbito de la provincia, para poder igualar las oportunidades de todos los aspirantes, estableciéndose además, la "educación a distancia". En pos de ese objetivo de descentralización, la colegiación legal de la provincia de Buenos Aires, pone a disposición de la escuela, toda la infraestructura edilicia y tecnológica con la que cuenta. La carga horaria, la frecuencia de las actividades educativas, los horarios, etc. deberán contemplar las dificultades prácticas, tanto de los aspirantes que pertenecen al poder judicial que continuarán con su empleo, como la de los abogados litigantes que deben seguir atendiendo su actividad profesional.
A nuestro juicio, se deberá evitar caer en la tentación de traspolar otros modelos que seguramente no contemplan las características peculiares que debe tener el organismo en creación. Sin lugar a dudas su cuerpo de profesores deberá estar integrados por miembros del poder judicial, como también por abogados de la matrícula, y por profesionales de otras ciencias cuyo conocimiento resulta imprescindible para ir formando el nuevo magistrado que se busca.
Los programas de la escuela judicial no deberán apuntar a profundizar los conocimientos jurídicos de los nuevos magistrados - para los cual insisto se encuentran las facultades derecho que ya han formado al abogado, y que además cuentan una amplia oferta de postgrados, maestrías, cursos, etc. - sino en ejercitar el manejo de casos prácticos, impartir la enseñanza de técnicas propias de la función judicial, conocimientos prácticos del ejercicio profesional de la abogacía en forma independiente, conocimientos básicos de sociología y psicología, formas para el trabajo en equipo, liderazgo, ética judicial, uso de tecnología, etc.
Como se ve, la organización de la escuela judicial implica un enorme desafío y un gran despliegue de esfuerzos. Deberá velarse para que la premura en su implementación no atente contra los altos fines perseguidos con su creación.
Para concluir, resulta insoslayable señalar que tan encomiable proyecto, debe necesariamente acompañarse con la fijación de políticas de estado duraderas y de largo alcance respecto a la organización del poder judicial, la creación de nuevos departamentos judiciales, nuevos fueros o nuevos órganos; políticas que en definitiva, hagan previsibles las necesidades que debe atender la escuela judicial.
Nuevamente felicito a los organizadores de la jornada augurándoles que la misma sea rica en las conclusiones que se puedan extraer y agradezco otra vez, la invitación a la abogacía para exponer su pensamiento.
Dr. Jorge Alberto Álvarez Presidente del Colegio de Abogados de la Pcia. de Bs. As.
Fecha: 19/7/2007