LABORAL - ACCIDENTE “IN ITINERE” - DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. PUNTO DE PARTIDA DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DESDE LA DECLARACIÓN DE FALLECIMIENTO PRESUNTO. SCBA "CEBRYMSKY, ANA MARÍA C/SIDERCA S.A.. INDEMNIZACIÓN ACCIDENTE IN ITINERE" 18-04-2007


A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a 18 de abril de 2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Roncoroni, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 78.855, "Cebrymsky, Ana María contra Siderca S.A. Indemnización accidente in itinere".
A N T E C E D E N T E S
I. El Tribunal del Trabajo de Campana hizo lugar a la demanda deducida por Ana María Cebrymsky contra Siderca S.A. en procura del cobro de las indemnizaciones por la muerte de su esposo Oscar Orlando Bordisso al amparo de los arts. 1 y 8 inc. "a" de la ley 9688; 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y demás rubros que detalló en la sentencia; con costas a la parte demandada.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
C U E S T I O N E S
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
Caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I O N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Como sustento del recurso en estudio la demandada denuncia violación de los arts. 168 de la Constitución provincial; 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4) y 163 inc. 6) del Código Procesal Civil y Comercial.
Alega, en lo esencial, que al rechazar la defensa de prescripción oportunamente deducida por su parte, el a quo omitió expedirse respecto del planteo vinculado con la determinación del momento en que debía iniciarse el cómputo de la misma, el que, a su entender, correspondía ser situado en la fecha presuntiva del fallecimiento del cónyuge de la accionante, vale decir, el 18?VI?1977. En tal sentido, señala que de conformidad a las normas del Código Civil y de las específicamente aplicables al caso ?leyes 14.394 y 24.321? nada habría impedido a la hoy reclamante salvaguardar con anterioridad el derecho que tardíamente invocó en autos.
Por otra parte, agrega que el sentenciante introdujo como cuestión esencial a decidir un interrogante que no encuentra sustento en los hechos invocados y en la prueba aportada por las partes, cual es la relativa a determinar si la desaparición forzada del trabajador Bordisso se produjo por la intervención de las fuerzas armadas.
II. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, entiendo que el recurso no ha de prosperar.
Su improcedencia es más que notoria, pues, en efecto, la cuestión que se denuncia como preterida fue tratada expresamente por el tribunal a quo, si bien en forma adversa a las pretensiones de la hoy recurrente (v. sent., fs. 186 vta.), resultando ajeno al remedio procesal intentado el cuestionamiento del acierto jurídico de la decisión.
Tampoco constituye materia propia del recurso extraordinario deducido el análisis de una hipotética transgresión al principio de congruencia, ni, a todo evento ?y en ese mismo marco? el agravio vinculado a la supuesta demasía decisoria configurada por la incorporación a la litis de cuestiones no planteadas por las partes (conf. causa L. 57.186, sent. del 12?XI?1996).
III. Por lo expuesto, el recurso debe rechazarse, con costas (art. 298, C.P.C.C.).
Voto por la negativa.
Los señores jueces doctores Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Roncoroni dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan y doy el mío por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a los argumentos y propuesta decisoria contenidos en la opinión de mi colega doctora Kogan.
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte demandada denuncia violación de los arts. 26, 29, 31, 32, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 374 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 232, 233, 245, 247, 248, 256, 258 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1, 8 y 19 de la ley 9688; 514, 897, 898, 3282, 3607, 3956, 3980, 3986, 4017 y 4024 del Código Civil; 22, 23, 24 y 30 de la ley 14.394; 7 de la ley 24.321; de la ley 24.432, y de la doctrina legal que cita.
Señala en lo esencial que:
1. En el fallo se ha obviado considerar que el término prescriptivo de los créditos comienza a correr desde que las acciones personales puedan ser promovidas, surgiendo de las constancias de la causa que dicha circunstancia quedó configurada el 17?VI?1977, fecha en la que la promotora del juicio tuvo pleno conocimiento de la desaparición de su esposo. Agrega que ello es así en el marco de las normas que resultan aplicables en la causa, leyes 14.394 y 24.321 y por aplicación del régimen sucesorio del Código Civil. Razón por la cual, pretende sostener que constituye un absurdo palmario la conclusión del fallo que tiene por acreditado que recién con la declaración de ausencia por "desaparición forzada", emitida en sede civil con fecha 28?VIII?1995, correspondía tener por iniciado el cómputo del plazo prescriptivo, "poniendo en peligro" ?dice? "la seguridad jurídica".
2. Con las pruebas obrantes en los presentes actuados no resultó acreditado que la desaparición del trabajador constituyera un accidente in itinere en los términos del art. 1 de la ley 9688, argumentando al respecto que la calificación de "forzosa" de la desaparición del trabajador Bordisso pone de resalto que obedeció a causas extrañas al trabajo. Cuestiona la valoración de las declaraciones testificales vertidas en la causa.
3. Al condenar a su parte al pago de la indemnización reclamada con fundamento en la norma del art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, se ha omitido aplicar el tope legal establecido en el art. 245 de ese plexo normativo.
4. El rubro integración del mes de junio de 1997 ?añade? ha sido incorrectamente incluido en la condena.
5. Por último, afirma que se han violado las disposiciones de la ley 24.432.
II. El recurso ha de prosperar en forma parcial.
1. Primeramente debe despejarse la cuestión relativa a la prescripción.
Las argumentaciones que sobre la base del plazo de prescripción efectúa la demandada no resultan idóneas para revertir la solución dada en el fallo de grado.
a) Ante todo, considero oportuno destacar ?en contexto ampliado? que esta Corte tiene dicho que el inicio de la acción tendiente a la declaración de fallecimiento presunto reglada por la ley 24.321, es imprescriptible, por lo cual su promoción no se halla sujeta, como es lógico, a plazo alguno (conf. doctrina causa B. 58.607, sent. del 7?XII?1999).
Lo señalo así, y más allá de la diversidad del ámbito de la acción, porque me parece evidente que aun tratándose, en este caso, de una disputa de intereses aparentemente singulares, no cabe prescindir del análisis de las circunstancias que revelan la presencia de un interés público, intenso y valioso, que reclama soluciones asentadas en la verdad y la justicia.
b) Circunscripto así el tema de la prescripción entiendo que, si se lo analiza de acuerdo a los principios y normas que rigen este instituto, y especialmente además, y aun antes que ello, en el cuadrante insoslayable de las soluciones de mayor favor y funcionalidad al sistema de derechos institucionalmente valorado, no puede válidamente concluirse que al momento de promoverse la demanda la actora hubiere perdido, por el transcurso del plazo de la prescripción, las pertinentes acciones indemnizatorias.
Corresponde recordar, en efecto, que la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva, y en consecuencia, prescindiendo del juego de presunciones de virtualidad abdicativa, ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho (L. 75.819, "Chietino", sent. del 12?III?2003; L. 58.947, "Apud", sent. del 8?IV?1997), criterio que, me permito reiterarlo, acentúa su importancia cuando se trata de establecer la posibilidad real que pudo asistir a una persona de emprender una acción útil en defensa de sus derechos. La pretensión de la demandada, en fuga de la realidad ?el contexto en que se situaron los hechos ventilados en la causa? configurada por una sociedad sumergida por los delitos más aberrantes, no es aceptable, y tanto menos cuando, ante la evidente confrontación axiológica, instala dogmáticamente la opción por la tutela de un interés patrimonial cuya entidad menor, en ese cuadro, se exhibe algo más que evidente.
c) Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse sobre el punto inicial del plazo de la prescripción liberatoria ?causa "Tarnopolsky", sent. del 31?VIII?1999, referente a un caso de desaparición forzada? expuso que la misma no puede separarse de la pretensión jurídica demandable, y en consecuencia, el plazo respectivo sólo comienza a computarse a partir del momento en que ella puede ser ejercida ("Fallos", 308:1101, "Videla Cuello"; 303:851; 290:77). Sin ser una definición original, desde que la doctrina clásica se postuló ?como principio general? que la iniciación del curso de la prescripción se produce desde que el derecho está amparado por una pretensión demandable que permita a su titular hacer valer ese poder jurídico que el ordenamiento legal ampara (Spota, Alberto G. "Tratado de Derecho Civil", 10, tomo I, "Parte General", vol. 3?8, pág. 226, Depalma, Bs. As., 1959; Salvat, Raymundo M.? Galli, Enrique V., "Derecho Civil Argentino. Obligaciones en general", págs. 390 y 417, Tea, Bs. As., 1956), la relevancia aparece dada por la consecuente determinación, gravitante en el caso: "... el dies a quo del plazo de prescripción de la acción resarcitoria debe situarse en la fecha en que, en virtud de una ficción, se puso término desde el punto de vista jurídico al estado de incertidumbre, sin que interese a tales efectos la fecha establecida judicialmente como de fallecimiento presunto de la víctima, sino el dictado de la sentencia que definió la situación de los familiares del actor".
En la especie, y tal y como hubo de exponerlo la Corte de la Nación en dicho precedente, no merece ningún reproche ?como los que realiza la recurrente basados en datos de notoria intrascendencia axiológica? que el inicio del curso de la prescripción quede librado a la iniciativa de los interesados, si se tiene en cuenta ?conforme se declaró en ese precedente? que la declaración del fallecimiento por desaparición forzada puso fin, a través de una ficción, a una situación de incertidumbre. En efecto, el trabajador Bordisso resultó víctima de un delito aberrante cuya ejecución, si bien continuada (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con jerarquía constitucional: art. 75 inc. 22), tuvo inicio en las circunstancias aprehendidas por la ley laboral para atribuir la responsabilidad indemnizatoria del empleador.
Lo expuesto significa, al cabo, que el punto de partida del plazo de la prescripción de la acción aquí deducida ha quedado localizado en la fecha de la sentencia civil que, poniendo fin al estado de incertidumbre, declaró el fallecimiento presunto por la desaparición forzada de Oscar Orlando Bordisso, vale decir, y en atención a la constancia glosada a fs. 6/7, el 18?VIII?1995.
d) Sin perjuicio de lo expuesto, y a mayor abundamiento resulta dable resaltar que los hechos aquí juzgados serían subsumibles en el supuesto contemplado por el art. 3980 de nuestro Código Civil, toda vez que la ignorancia de la actora acerca de si su cónyuge se encontraba o no con vida, constituía indudablemente una dificultad o imposibilidad de hecho insuperable obstativa del ejercicio de la acción, por lo que en este supuesto, llegado el caso, cabría liberarla de la prescripción cumplida, considerando en tal sentido que según las constancias de autos y del expediente civil, dedujo la presente acción el 4?IX?1995, esto es: dentro de los tres meses de haberse declarado la desaparición forzosa de su esposo (ver copia sentencia civil, fechada el 18?VIII?1985, en fs. 6/7 vta.).
Por los motivos expuestos, estimo que resulta notoriamente infundada la pretensión del recurrente de considerar configurada, en el caso, la prescripción de la acción entablada por la viuda del trabajador.
2. Resuelta esa cuestión, corresponde analizar los restantes agravios.
a) Con relación al reclamo de indemnización por muerte en accidente in itinere sustentado en el art. 1 de la ley 9688, el tribunal de grado consideró que el tema a decidir en la causa, fincado en la necesidad de definir la existencia de responsabilidad del principal ante el fallecimiento del dependiente, consistía en determinar si el itinerario o trayecto (locución que comprende la acción de recorrerlo) que emprendió Bordisso hacia su domicilio al concluir la jornada de trabajo, fue interrumpido por el mismo por razones extrañas al trabajo.
En este marco estableció, a partir de un análisis de las alegaciones formuladas por las partes en los escritos de constitución del proceso, que: (a) El trabajador ingresó al establecimiento el día 17?VI?1977 a fin de prestar servicios en el turno correspondiente, extendido desde las 21 hrs. de ese día hasta las 5 del siguiente; (b) Habiendo concluido la jornada de trabajo, Bordisso se retiró del establecimiento, para emprender el recorrido habitual a su domicilio, cual era: Avenida Mitre hasta la calle San Martín, y luego por ésta hasta Ameghino, donde vivía. En tal sentido, el tribunal a quo evaluó especialmente las declaraciones de los testigos Fazzolari, Sanabria, Erregarena y Villalba, que dieron cuenta del egreso en conjunto para dirigirse cada uno a su domicilio. Destacó especialmente, además, los dichos de Sanabria y Erregarena, que lo acompañaron hasta el bicicletero instalado en la portería, y de Villalba, que compartió con Bordisso ?cada uno en su bicicleta? parte del recorrido habitual (hasta la esquina de Avenida Mitre y Berutti, donde el testigo se despidió).
La reconstrucción de los hechos fue lograda más allá de la reticencia de la empleadora, quien prefirió negar que Bordisso hubiere trabajado en aquella fecha, y, consecuentemente, que hubiere egresado a las 5 hrs. del 18?VI?1977, y, asimismo, luego de negar que la desaparición forzada del trabajador se hubiere producido "en sitio ubicado en el itinerario comprendido entre el lugar de trabajo y su domicilio", argumentó que aquélla se produjo fuera del horario y aun del itinerario denunciado en la demanda (v. fs. 76 vta.). Ante ese contexto, y si bien la acreditación del hecho ocurrido en el itinerario bastaba para remover la aludida defensa de la demandada, y, con ello, declarar configurada la procedencia de la pretensión sustentada en la norma del art. 1 de la ley 9688, el tribunal de grado prefirió detenerse en el análisis de la tesis adicionalmente expuesta por Siderca ?no sin contradecir la eficacia de aquella otra, vinculada a la completa ajenidad del hecho al marco circunstancial de un "accidente in itinere"? relativa a la existencia de un desvío o interrupción del trayecto por "causas extraños al trabajo".
Al respecto, el juzgador de grado desestimó la aplicación al caso del precedente de este Tribunal en causa L. 59.174, "Ciocci" porque entendió que el mismo encuadraba en el ámbito de la doctrina establecida en la causa L. 42.757, "Esteban", sent. del 10?X?1989, y ello así, además, porque juzgó no demostrada la intervención de las fuerzas armadas en la desaparición de Bordisso, declarando pues, y en definitiva, que no habiéndose acreditado que éste hubiese alterado el itinerario en su beneficio, el caso debía quedar encuadrado en las previsiones del art. 1 de la ley 9688, razón por la cual acogió el reclamo indemnizatorio.
b) La crítica que exhibe el recurso ni siquiera llega a rozar la eficiencia de las motivaciones que abastecen la decisión del tribunal.
El art. 1 de la ley de accidentes 9688, con la modificación de la ley 15.448 ?norma vigente en la fecha en que sucedieron los hechos de la causa? preveía la responsabilidad de los empleadores por los accidentes ocurridos a sus empleados u obreros durante el tiempo de prestación de los servicios, ya sea por el hecho o en ocasión del trabajo o por caso fortuito o fuerza mayor inherente al mismo, determinado a su vez la extensión de la responsabilidad cuando el hecho generador ocurriese en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo, o viceversa, siempre que el recorrido no hubiera sido interrumpido en interés particular del trabajador o por cualquier razón extraña al trabajo. En rigor, y sin perjuicio de su previa recepción por el decreto ley 650/1955 (de efímera vigencia, puesto que fue abrogado por el dec. ley 5005/1956), la ley 15.448 positivizó el criterio proveniente de fallos de esta Suprema Corte (19?X?1943, "Jurisprudencia Argentina", 1943?IV?383; 19?V?1959, "Acuerdos y Sentencias", 1959?II?112), y de la jurisprudencia plenaria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (nº 21, "Guardia", del 9?XI?1953), teniendo en cuenta, esencialmente, que el accidente in itinere configuraba un típico supuesto de responsabilidad "ocasional", y en este sentido, el desarrollo de esa importante corriente de opinión pudo abrirse paso al amparo de la modificación introducida por la ley 12.631 en cuanto sustituyó la definición de un marco circunstancial acotado a los daños provocados "con motivo y en ejecución del trabajo", por el más amplio configurado en la comprensión de todos aquéllos sobrevenidos "por el hecho o en ocasión" del mismo, donde el trabajo ?se ha podido decir? juega como "condición".
Desde otro costado, es dable asimismo advertir que en el tránsito de una fundamentación inspirada en la teoría del riesgo profesional a la evocada al amparo del riesgo de autoridad (Pozzo, Juan D., "Los accidentes del trabajo", en el Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por Mario L. Deveali, t. IV, pág. 291), puesto en cabeza del empleador, la respuesta, ante este tipo de contingencias, resultaba indudable, si se tiene en cuenta la configuración de la hipótesis del daño ocurrido en un trayecto ?domicilio y lugar de trabajo? necesariamente vinculado al cumplimiento del concreto y específico débito contractual. Es notorio que el accidente que se produce en el mismo responde a una causa externa al trabajo, ajena al empleador, pero que el trabajador sufre porque va o viene del trabajo, de donde la atribución de responsabilidad se basa entonces en que el trabajador puso el tiempo a disposición del empleador sometiéndose a su autoridad, genéricamente considerada (Lorenzetti, Ricardo Luis, "Responsabilidad por daños y accidente de trabajo", pág. 94 y sgtes.).
La referencia a la causa "externa", que contiene el recurso, es, pues, intrascendente, y a mi juicio también lo es aquélla vinculada a la exclusión del amparo ante un riesgo genérico, pues, en efecto, más allá de las distinciones propiciadas ?desde Carnelutti y en adelante (cfr. De Virgiliis, Miguel Angel, "Accidentes in itinere y acción de derecho común", en J.T.A., 1979?202 y sgtes., con cita de Argüeyes, "Apuntes críticos sobre la reforma de accidentes de trabajo", en G.T., 1961?II?347, y en "El accidente in itinere en la ley 9688", en D.T., 1965?313)? entre riesgos genéricos (que señorean el ámbito de la responsabilidad civil) y específicos ?directos o en sentido propio, e indirectos, en sentido impropio? que hacen lo propio en los regímenes especiales del derecho del trabajo, y aun cuando se lo pretendiere reducir al inopinado molde del "riesgo ambulatorio", es lo concluyente, en el caso, que, probado como lo está que el trabajador Bordisso fue víctima de un delito (su desaparición forzada) a poco de concluir su jornada efectiva y en el trayecto entre el lugar de trabajo y su domicilio ?ámbito de la extensión de la responsabilidad del empleador (Monzón, Máximo D., "El trayecto en el accidente in itinere", en J.T.A., n° 10, pág. 344)? aparece nítidamente configurada la responsabilidad de la demandada ?objetivamente, por imputación legal? en el marco de la norma examinada (art. 1, ley 9688), sea que se trate de una imputación por la "ocasionalidad", por un riesgo específico impropio, o por el riesgo de empresa derivado del hecho que aquél puso su tiempo a disposición de este último.
Lo expuesto es relevante, de todos modos, para evidenciar la improcedencia de la pretensión de reconocer configurada en el caso la eximente prevista por la propia ley, en orden a la supuesta existencia de una interrupción por causa "extraña" al trabajo, argumento que la demandada reitera en el recurso con un notorio desacierto inicial, cual es el de señalar ?no demasiado implícitamente? su identificación con la "ajenidad" del empleador. Al respecto, y sin que sea siquiera imaginable la posibilidad de ingresar oficiosamente ?porque no se ha planteado, por lo menos de manera explícita? en impropias e indebidas conjeturas acerca de las razones de la desaparición forzada del actor, es evidente que aun siendo indudable aquella ajenidad, la misma nada tiene que ver con la razón que pudo haber determinado ?en todo caso? la interrupción.
En tal sentido, la conclusión establecida en el fallo, en orden a que Bordisso fue víctima de un delito, ocurrido en el trayecto, revela la improcedencia de la pretensión de la demandada de eximirse de responsabilidad, pues resulta bastante más que evidente ?reitero? que no medió una decisión voluntaria de aquél de interrumpirlo, y antes bien, nada hay que autorice a interpretar la ausencia del animus del regreso al domicilio (ver Lorenzetti, Ricardo, en ob. y lug. cits.; y el voto del doctor Fernández Madrid in re "Becerra", C.N.A. Trab., sala VI, sent. del 30?VIII?1985, en D.T., 1985?B?1829). Muy por el contrario la declaración de desaparición forzada del trabajador, lejos de acarrear las implicancias que pretende la recurrente, pone de resalto la inexistencia del hecho voluntario del trabajador en la interrupción del recorrido.
Finalmente, no es ocioso memorar la hermenéutica acuñada por esta Corte, con sus distintas integraciones ?así en causas Ac. 20.239, sent. del 4?VI?1974; Ac. 21.180, sent. del 2?V?1975; L. 43.021, sent. del 26?IX?1989; L. 44.747, sent. del 11?IX?1990; L. 58.207, sent. del 20?V?1997? en orden a que la ley 9688 es una ley de justicia social, que por sus fines y propósitos, debe interpretarse en forma liberal, con espíritu amplio y criterio esencialmente humano.
En las condiciones expuestas, y en el aludido marco de la trascendencia social, patentizada no sólo en las particularidades del caso sino en la naturaleza misma de la ley aplicable al sub judice, la condena impuesta a la demandada por el pago de la indemnización prevista por la norma del art. 8°, inc. a) de la ley 9688 (conf. art. 1, párrafo segundo, de la misma) es inobjetable, por lo que se impone rechazar el recurso que pretende cuestionarla.
3. La impugnación fincada en la inobservancia del tope aplicable respecto de la base de cálculo de la indemnización reconocida con fundamento en el art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo mereció tratamiento favorable a las pretensiones del recurrente al resolver el tribunal de grado (fs. 205/207) la aclaratoria solicitada a fs 199/201. Por tal motivo, el tratamiento del agravio, cuya subsanación oportuna reveló la innecesariedad de su conservación en el recurso, deviene abstracto.
4. Le asiste razón, en cambio, en la crítica de la decisión que llevó a integrar la condena con el rubro "integración del mes de despido", toda vez que la causal extintiva configurada torna esa inclusión notoriamente improcedente (arg. arts. 233 y 248, L.C.T.). Corresponde, en consecuencia, revocar este fragmento de la decisión recurrida y disponer el rechazo del reclamo, con costas de ambas instancias a cargo de la parte actora.
5. Finalmente, el cuestionamiento por la falta de aplicación de lo preceptuado en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, en su redacción dada por ley 24.432, pierde virtualidad, habida cuenta que las costas, ante la procedencia parcial del recurso en estudio deberán ser readecuadas en la instancia de grado. Ello sin perjuicio de la observancia por el tribunal interviniente, al momento de su determinación, de la doctrina establecida al respecto por este Tribunal a partir de la causa L. 77.914, "Zuccoli", sent. del 2?X?2002.
III. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido con el alcance indicado en el punto II, apartado 4. En lo relativo a las costas de esta instancia ?con excepción de lo indicado en dicho punto II, apartado 4 ?quedan a cargo de la recurrente (arts. 19, ley 11.653; 68 y 289, C.P.C.C.).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores jueces doctores Genoud, de Lázzari y Roncoroni, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Si bien habré de adherir al voto de la doctora Kogan, me permitiré efectuar algunas consideraciones adicionales en cuanto al agravio expuesto por la recurrente relativo al rechazo de la defensa de prescripción.
Advierto que los argumentos traídos por la accionada han sido adversamente considerados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Fallos", 322:1888, por lo que ?junto con las razones que a mayor abundamiento expone mi colega en el apartado II.1.d) de su voto? me convencen sobre la inatendibilidad del remedio extraordinario en esta parcela.
En lo demás, acompaño con mi adhesión la propuesta decisoria de la doctora Kogan, por las razones que la colega expone en el apartado II, puntos 2.a), 2.b) ?párrafos tercero, cuarto y sexto?, 3, 4 y 5 de su voto.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad; con costas (art. 298, C.P.C.C.). Respecto del de inaplicabilidad de ley también deducido, se hace lugar al mismo con el alcance establecido en el punto II, apartado 4 del voto emitido en primer término respecto de la segunda cuestión planteada. Con excepción de lo indicado en dicho punto II, apartado 4, las costas de esta instancia son a cargo de la parte demandada (arts. 19, ley 11.653, 68 y 289, C.P.C.C.).
Notifíquese.