DERECHO PENAL EL AYUDANTE FISCAL ESTÁ FACULTADO PARA REQUERIR AL JUEZ DE GARANTÍAS QUE EXPIDA ORDEN DE ALLANAMIENTO, SECUESTRO Y REQUISA PERSONAL.- TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SALA II.- 16-10-2007

En la ciudad de La Plata a los dieciséis días del mes de octubre dos mil siete, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Alberto Mahiques, Fernando Luis María Mancini y Jorge Hugo Celesia, desinsaculados con el objeto de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa N° 26338/II, seguida a A. H. y M. I. G.. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MANCINI – MAHIQUES – CELESIA.
A N T E C E D E N T E S
En lo que aquí interesa destacar, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial Quilmes resolvió con fecha 26 de octubre de 2006, declarar la nulidad del auto obrante a fs. 14 por el cual el señor Juez de Garantías en lo Penal del mismo departamento judicial, concedió, a pedido del Ayudante Fiscal, la orden de allanamiento, secuestro y requisa personal y todo lo obrado en consecuencia.
Contra dicho resolutorio interpuso recurso de casación el señor Fiscal de Cámaras Adjunto del mismo departamento judicial, doctor Pablo Barbieri.
Cumplidos los trámites de rigor y efectuadas las vistas correspondientes, hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes
C U E S T I O N E S
Primera: ¿Es admisible el presente recurso?
Segunda: ¿Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Señor Juez doctor Mancini, dijo:
El recurso en trato fue interpuesto en tiempo oportuno, habiendo agregado el recurrente copia de la documentación de que intenta valerse así como de la reserva de recurrir en casación, por lo que el mismo cumple con los requisitos formales establecidos por los arts. 450 y 451 del C.P.P.
Asimismo, y por imperio de lo dispuesto por el art. 452 de ese mismo texto legal, el impugnante se encuentra legitimado para recurrir.
Por otra parte la resolución recurrida adquiere perfiles de definitividad en tanto, si bien por si misma no refiere al fondo del asunto dando por terminada la cuestión, lo cierto es que en medida decisiva, impide el arribo a dicho final, al menos con el mismo alcance de contenido de imputación que la acción originaria traía o podía haber traído (aún con imputación que hubiere podido o no exceder la competencia provincial).
Por ello, corresponde declarar admisible el recurso intentado (arts. 456 y 465 del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mahiques dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez doctor Mancini, dijo:
I. El planteo traído a esta instancia surge del escrito glosado a fs. 51/53 vta. de los presentes actuados.
Plantea el recurrente que el tribunal “a quo” ha aplicado erróneamente el art. 10 inciso b de la ley 13274 en tanto, a su juicio, el ayudante fiscal se encuentra facultado para requerir las medidas probatorias anuladas por la Cámara de Apelación y Garantías Departamental.
II. A fs. 64/65 se expidió el señor Fiscal ante esta instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, manteniendo en todos sus términos el recurso interpuesto por su predecesor.
III. Adelanto que he de acompañar al recurrente en su planteo.
Más allá de que en el área material de las garantías individuales a preservar, se advierte que ha sido el juez de garantías quien dispuso el allanamiento nulificado por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Quilmes, lo cierto es que, además, en el ámbito de la ley ritual (leyes 11.922 y especialmente ley 13274) el ayudante fiscal está facultado para requerir al juez de garantías las medidas de las que aquí se trata.
Basta para entender esto la simple apreciación de la coincidencia entre el texto del epígrafe del Título VIII del libro I del C.P.P. –“medios de prueba”- y el texto del inciso b del art. 10 de la ley 13274 –“medidas probatorias”-, sin que sobre señalar que nada autoriza a extender con naturalidad la exigencia del inciso a de dicha norma al inciso b, como sugiere la Excma. Cámara de Apelación y Garantías al resolver la denegatoria de la reposición intentada.
En efecto la exigencia del conocimiento del agente fiscal mencionada en el inciso a de dicha norma, tiene su fundamento en que, a diferencia de lo que ocurre en el apartado b, se trata de supuestos en los que el ordenamiento procesal no requiere la intervención del juez de garantías.
Por otra parte, conviene aclarar, que la ley que el “a quo” denominó, acaso con acierto cronológico, ley posterior, no modificó ninguna norma constitucional que atienda a la designación de quien lleva adelante la investigación penal preparatoria, toda vez que lo que se dispone constitucionalmente (art. 24 de la Constitución Provincial) es que un juez ordene el allanamiento, sin hacer mención alguna a quien debe pedir dicha medida, lo cual queda reservado al campo de la ley, asunto al que precedentemente ya se ha hecho alusión, citando la ley 13274 que integra el “elenco” de funcionarios que actúan el proceso al ayudante fiscal. Asimismo, la Constitución Nacional también delega en la ley la reglamentación de la procedencia de ese acto.
Por todo lo expuesto corresponde anular la resolución atacada, disponiendo el reenvío al Tribunal de origen para que de conformidad con lo aquí resuelto sigan los autos según su estado (artículos 448, 451, 465, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mahiques dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada, el Señor Juez doctor Mancini, dijo:
Conforme quedaran resueltas las cuestiones anteriores, corresponde declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal de Cámaras Adjunto del departamento judicial Quilmes, doctor Pablo Barbieri, contra la resolución por la que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del mismo departamento judicial, con fecha 26 de octubre de 2006, declaró la nulidad del auto obrante a fs. 14 por el cual el señor Juez de Garantías en lo Penal del mismo departamento judicial, concedió, a pedido del Ayudante Fiscal, la orden de allanamiento, secuestro y requisa personal y todo lo obrado en consecuencia.
Anular la resolución atacada, disponiendo el reenvío al Tribunal de origen para que de conformidad con lo aquí resuelto sigan los autos según su estado (artículos 448, 451, 465, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mahiques dijo:
Adhiero por sus fundamentos al voto del colega preopinante por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal
R E S U E L V E
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación deducido por el señor Fiscal de Cámaras Adjunto del departamento judicial Quilmes, doctor Pablo Barbieri.
II. HACER LUGAR al recurso de casación incoado, por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión (artículos 448, 451, 465, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).
III. ANULAR la resolución por la que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial Quilmes, con fecha 26 de octubre de 2006, declaró la nulidad del auto obrante a fs. 14 por el cual el señor Juez de Garantías en lo Penal del mismo departamento judicial, concedió, a pedido del Ayudante Fiscal, la orden de allanamiento, secuestro y requisa personal y todo lo obrado en consecuencia, disponiendo el reenvío al Tribunal de origen para que de conformidad con lo resuelto por esta Alzada sigan los autos según su estado.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de origen.
CARLOS ALBERTO MAHIQUES – FERNANDO LUIS MARIA MANCINI – JORGE HUGO CELESIA