CESIÓN DE CRÉDITOS.- EJECUCIÓN DE UN SALDO DEUDOR DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA.- "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONTRA MILLÁN DE BARRON, NIVEA FLORINDA Y OTROS. COBRO EJECUTIVO".- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.- 10-10-2007

A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a 10 de octubre de 2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Hitters, Soria, Pettigiani, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 92.313, "Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Millán de Barron, Nivea Florinda y otros. Cobro ejecutivo".
A N T E C E D E N T E S
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la ejecución.
Se interpuso, por la banca ejecutante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T I O N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I O N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
1. El letrado apoderado del Banco de la Provincia de Buenos Aires inició la ejecución de un saldo deudor de cuenta corriente bancaria (v. fs. 24 y vta.).
Los ejecutados opusieron la excepción de remisión, fundada en que -a raíz del fideicomiso creado por ley 12.726- la deuda había sido renunciada y que tal desprendimiento importaba la inexigibilidad de su cumplimiento (v. fs. 38/39 vta.).
Con posterioridad, el mencionado Banco celebró un contrato de fideicomiso por el que transmitió la propiedad fiduciaria -entre otros- del crédito ejecutado en autos al Comité de Administración del Fideicomiso (v. fs. 61/9), lo que ya había sido notificado a los obligados (v. fs. 36).
El juzgador de la instancia de origen rechazó la excepción opuesta lo que fue revocado por la Cámara a quo.
2. Este último tribunal sostuvo que el juzgador de origen incurrió en el error de confundir la legitimatio ad causam del actor con su legitimatio ad procesum, refiriéndose ésta última a la posibilidad de ser parte en un proceso, mientras que la primera se vincula con la necesidad que toda acción procesal debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada, es decir, las partes en la relación jurídica sustancial (v. fs. 103 vta.).
Agregó en tal sentido que conforme lo normado por el art. 1 de la ley 24.441, es el fiduciario el titular del crédito ejecutado y no el fiduciante o el mandatario (el mencionado artículo es claro al resaltar que se transmite la propiedad fiduciaria).
Afirmó además que "... De la lectura del libelo de demanda y de contestación de excepciones a fs. 73, surge que el actor reclama el crédito a nombre propio...", agregando que "... resulta inadmisible la pretensión del actor y su posterior recepción en sentencia respecto del crédito en ejecución cuando surge nítida la circunstancia que el crédito pertenece en propiedad fiduciaria al Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726 y no al Banco de la Provincia de Buenos Aires..." (fs. 104 y vta.).
3. Contra dicho pronunciamiento la accionante en su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia la violación del art. 542 inc. 4 del Código procesal, omisión arbitraria de prueba esencial y errónea interpretación de las constancias que configura absurdo.
4. El recurso debe prosperar.
a) Se trae a discusión en estos actuados, si el Banco de la Provincia de Buenos Aires se encuentra legitimado para la ejecución del saldo deudor de cuenta corriente bancaria reclamado en autos, cedido por esta entidad crediticia (el 14 de febrero de 2003, mediante Contrato de Fideicomiso) al Comité de Administración del Fideicomiso (v. fs. 61 y sigtes.).
b) Con el fin de dar solución al tema propuesto, entiendo conveniente analizar la figura de la cesión de créditos y los recaudos para su validez.
El art. 1457 del Código Civil reza que "La propiedad de un crédito pasa al cesionario por el efecto de la cesión, con la entrega del título si existiese". Dicen Bueres-Higthon, ("Código Civil y normas complementarias...", t. 4-A) que en la cesión son partes exclusivamente el cedente y el cesionario. A contrario sensu, todos aquellos ajenos al acto, inclusive el deudor cedido, están comprendidos en el concepto de tercero, no intervinientes en la realización del acto ni tienen facultades para oponerse al mismo. Es evidente que el carácter de tercero del deudor cedido respecto del contrato de cesión no impide que el mismo le sea opuesto, ni que quede involucrado por sus efectos luego de la notificación o aceptación, en que su acreedor habrá sido reemplazado -art. 731 inc. 5 del Código Civil- (v. págs. 104/105).
Siguen diciendo los autores citados, que el contrato de cesión tiene dos momentos bien marcados de perfeccionamiento y de efectos. El primer momento está dado por el acuerdo de voluntades entre las partes, con todos los recaudos propios de los contratos (consentimiento que supone capacidad, objeto y causa válidos), desde entonces tendrá efecto entre las partes. El segundo momento está dado por la notificación al deudor cedido o por la aceptación de la transferencia por parte de éste. A partir de entonces la cesión tendrá eficacia respecto de los terceros, incluido al deudor -art. 1459 del Código Civil- (v. ob. cit., pág. 105).
Después de la notificación, el cesionario estará plenamente investido de los atributos del acreedor. Tendrá los poderes de tal y será la persona a cuyo favor el pago deberá hacerse (art. 731 inc. 5, Cód. Civil). Tendrá derecho a actuar contra el cedido y éste a oponerles las defensas que la ley le confiere (v. ob. cit., pág. 108).
La notificación es una comunicación recepticia dirigida al deudor mediante la cual se le hace saber la transmisión del crédito. La aceptación del deudor cedido es toda manifestación de éste, expresa o implícita, mediante la cual reconoce estar informado de la cesión para atenerse a ella en el futuro. La aceptación no es sinónimo de conformidad respecto de la cesión, por cuanto la voluntad del deudor en ese sentido es irrelevante, sino que equivale al conocimiento cierto de la misma, con lo cual podrán imponérsele sus efectos. El deudor no podrá rechazar la cesión (v. ob. cit., págs. 118/119).
Es un acto importantísimo porque produce el comienzo de los efectos frente a los terceros, el cesionario se transforma en propietario del crédito con efectos erga omnes y porque causa la transmisión del riesgo entre las partes. El fundamento de esta notificación es dar publicidad al acto, consolidar la situación jurídica en beneficio del deudor y definir la transmisión dominial frente a terceros. Mientras no se haya efectuado la notificación, el cedente puede efectuar todos los actos conservatorios de su crédito (art. 1473, C.C.; v. Ricardo Luis Lorenzetti, en "Tratado de los Contratos", t. II, págs. 55 y 58).
Por su parte, el art. 72 de la ley 24.441 dice que: "En los casos previstos por el art. 70 (cesión de derechos de una cartera de créditos): a) No es necesaria la notificación al cedido siempre que exista previsión contractual en el sentido. La cesión será válida desde su fecha...".
c) Ahora bien, ha dicho esta Corte que la interpretación de los documentos agregados al proceso, es facultad privativa de los tribunales de grado por tratarse de cuestiones de hecho, irrevisables en principio en casación, salvo supuesto de absurdo (conf. Ac. 74.922, sent. del 27-XII-2000; Ac. 73.489, sent. del 17-X-2001), habiendo sido denunciado dicho vicio, corresponde examinar si se ha patentizado en autos.
Destaco de inicio que el quejoso ha logrado acreditar el absurdo en la valoración de la prueba documental, tal como seguidamente se expondrá.
Veamos las circunstancias fácticas acontecidas en este proceso:
La demanda ejecutiva fue iniciada por el Banco provincial el día 22 de marzo de 2002 (v. fs. 24 y vta.).
Los ejecutados fueron informados de la transferencia contable del crédito al fideicomiso el 12 de noviembre del mismo año (v. fs. 36).
El Contrato de Mandato que obra a fs. 61 da cuenta de que el 14 de febrero de 2003 se suscribió el Contrato de Fideicomiso entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Comité de Administración del Fideicomiso, en su condición de Fiduciario, mediante el cual se transmitió la propiedad fiduciaria de los créditos de la cartera de la banca provincial.
De este simple cotejo surge que al momento de entablarse la demanda, el Banco conservaba la titularidad de los derechos creditorios emergentes del saldo deudor de la cuenta corriente bancaria ejecutada, puesto que su transferencia, como se vio, operó y se notificó al deudor cedido con posterioridad al inicio de la acción ejecutiva.
Advierto, además, que se cumplimentó con el recaudo de la notificación al deudor, previsto por la normativa vigente (arts. 1459, Cód. Civil y 72 de la ley 24.441). Esa comunicación se efectuó, como se dijo, con posterioridad al inicio de la acción ejecutiva no obstante que con anterioridad al pronunciamiento del contrato de fideicomiso (v. fs. 36). De ello, también, se desprende la evidente legitimación del banco accionante, ya sea a nombre propio -previo a la celebración del contrato o en representación del fiduciario -tal como lo autorizó el contrato de mandato que dejó en sus manos la gestión de recupero de los créditos transmitidos (v. fs. 61 y sigtes., arts. 1, 4 y 6).
En efecto, del citado mandato surge que el fiduciario le otorgó poder y legitimación al Banco de la Provincia de Buenos Aires para actuar en su nombre y representación, que incluye el inicio y prosecución de las acciones legales y/o procedimientos necesarios que pudieran corresponder a la naturaleza de las acreencias, para lograr el recupero de los créditos (arts. 1, 4 y 6), lo que demuestra, junto con lo anteriormente expuesto, la innegable legitimación que ostenta el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la ejecución del crédito reclamado en autos, correspondiendo, en consecuencia, rechazar la excepción articulada (conf. arts. 384 y 289, C.P.C.C.).
En consecuencia, de compartirse mi criterio, deberá hacerse lugar al recurso, revocarse el fallo criticado y mantenerse la sentencia de primera instancia, en cuanto había hecho lugar a la ejecución (conf. arts. 68 y 289, C.P.C.C.).
Por ello, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:
I. Adhiero a la solución propiciada por mi distinguida colega, la doctora Kogan, ya que a mi juicio el rechazo de la pretensión con sustento en la falta de legitimación del Banco Provincia ha constituido un exceso ritual incompatible con el debido proceso adjetivo.
II. Para un mejor desarrollo de mi propuesta, formularé una prieta síntesis de las circunstancias que encuentro relevantes del sub discussio.
El 22 de marzo de 2002 el Banco de la Provincia de Buenos Aires promovió el presente proceso de ejecución, para la percepción del saldo deudor de la cuenta corriente bancaria de los accionados.
El 12 de noviembre del mismo año, se comunicó por escrito al deudor la transferencia contable del crédito de marras, a favor del Fideicomiso de Recuperación Crediticia creado por ley 12.726 (B.O.P., 24.322, del 23 y 24-VII-2001) -en adelante: el Fideicomiso-.
A consecuencia de ello, el ejecutado planteó excepción que catalogó como de "remisión" (fs. 38/39), alegando que el Banco ha renunciado a su derecho a percibir las sumas solicitadas.
El 14 de febrero de 2003 se firmó entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Fideicomiso dos instrumentos destinados a regir sus relaciones recíprocas.
En un primer documento -que no se encuentra agregado en autos, pero cuya suscripción es reconocida por la accionante y mencionada en los aps. (i), (ii) y (iii) de los considerandos del segundo contrato al que en seguida me referiré- se celebró el contrato de fideicomiso, concretándose así la instrumentación de la trasferencia fiduciaria de los créditos incluidos en la ley 12.726.
En el segundo convenio, en atención a necesidades funcionales transitorias propias de la puesta en funcionamiento del Fideicomiso, se otorgó mandato al Banco Provincia para que lleve adelante las tareas de custodia y gestión de recupero de los créditos cedidos. El acuerdo actúa así como poder suficiente para actuar en juicio, en nombre y representación del Fiduciario -Comité de Administración del Fideicomiso- (v. "artículo 4º" del convenio aludido, fs. 63).
Estos elementos de juicio fueron incorporados a la causa a instancias del traslado conferido a tal efecto por el magistrado de origen (v. fs. 61/76).
Finalmente, como se destaca en el voto precedente, la excepción incoada fue rechazada en primera instancia (fs. 81/83), pero la Cámara, revocando lo decidido, hizo lugar a aquélla, nominándola como de "inhabilidad de título" por falta de legitimación del banco ejecutante (fs. 102). Frente a dicho modo de resolver se interpuso el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs. 111).
III. Como adelanté, el recurso debe prosperar.
1) Reiteradamente se ha sostenido que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales, ya que no se trata del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva (conf. Ac. 50.353, sent. del 8-III-1994, "Acuerdos y Sentencias", 1994-I-240; Ac. 55.043, sent. del 15-VIII-1995, "Acuerdos y Sentencias", 1995-III-233; Ac. 60.772, sent. del 2-VI-1998; Ac. 86.304, sent. del 27-X-2004). Lo contrario importaría incurrir en un exceso ritual inconciliable con una adecuada prestación del servicio de justicia y con el due process of law (arts. 15 de la Const. pcial., 18 de la Const. nac. y 8 del Pacto de San José de Costa Rica; Fallos 238:550; 240:99; 247:176; etc.).
2) Con la presentación de fs. 61/76 ha quedado demostrada la relación jurídica que une al Fideicomiso de la Provincia de Buenos Aires con el Banco que promoviera originariamente la acción ejecutiva en trámite.
Al fallar, el juez no puede ser fugitivo de una realidad que se presenta objetivamente ante sus sentidos. Esto es lo que ocurre en autos, donde las deficiencias de personería advertidas han quedado subsanadas a instancias de la intimación cursada por el mismo juzgador, para que se acredite la vinculación existente entre los sujetos de la transferencia crediticia.
A partir de dichos elementos de juicio, ha quedado claro en autos que la actuación del Banco de la Provincia de Buenos Aires lo es en representación del titular de la cartera cedida a la entidad creada por ley 12.726.
IV. Compartiendo así la propuesta decisoria de mi distinguida colega preopinante, doy mi voto por la afirmativa.
Los señores jueces doctores Soria, Pettigiani y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso deducido y se revoca el fallo impugnado manteniéndose la sentencia de primera instancia en cuanto había hecho lugar a la ejecución, con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).
Notifíquese y devuélvase.